El proceso electoral que está por terminar ha sido atípico por una serie de factores inusuales que han intervenido en su desarrollo. El más preocupante es la decisión del JNE, tomada en medio del proceso de revisión de actas, de hacer caso omiso del requerimiento establecido por el propio jurado de exigir que las actas sean firmadas por los presidentes de mesa. Que a la firma se añadiera la huella digital puede haber sido una precaución excesiva, pero objetivamente ¿qué valor puede tener un acta electoral si no lleva la firma de la persona que garantiza su autenticidad? La eliminación inesperada de un requisito reglamentario importante echa una sombra de duda sobre la validez del cómputo, porque hay actas que pueden haber sido fraguadas. Y la echaría aun más sobre las próximas elecciones presidenciales si no se mantiene firmemente ese requisito.
Otro factor inusual ha sido la gravitación de un programa televisivo diario de mucha sintonía que durante semanas se dedicó a demoler a la candidata que ocupaba el primer lugar de las encuestas, mientras al mismo tiempo, gracias a la eliminación del candidato de Cambio Radical, subía el porcentaje de electores que se inclinaba hacia una candidata inicialmente desconocida.
¿Hizo el conductor de ese programa un uso legítimo del derecho de expresión que le garantiza la Constitución al atacar de manera inmisericorde a una candidata? Yo considero que no, sobre todo teniendo en cuenta que no existe una norma aplicable a los medios audiovisuales, como existe en la prensa escrita, que garantice el derecho de réplica de la persona criticada. Hay ahí un vacío que la legislación deberá llenar, porque se trató a todas luces de un abuso de la libertad de expresión.
Muy preocupante es también el hecho de que la coalición ganadora incluya a miembros del SUTEP, cuya oposición a las reformas implementadas por el Ministerio de Educación es conocida. Esta reforma, que es una de los logros principales de este gobierno, está ahora en peligro por el peso que los miembros gremiales de la coalición pueden tener en la política que siga el Municipio. Las declaraciones iniciales de la alcaldesa elegida sobre este punto son, por decir lo menos, ambiguas.
Es curioso, como he podido constatar conversando al azar con personas de la calle que, aparentemente la población no ha estado conciente de la influencia negativa que la presencia del gremio en cuestión, y del partido rojo que lo respalda, puede tener en la política educacional del Municipio, cuando se le transfiera esa competencia. Eso quiere decir que, en buena medida, la población limeña ha votado a ciegas. Este hecho resalta una vez más la necesidad de terminar con el absurdo del voto obligatorio, que entrega en buena parte la decisión final de las elecciones al sector que las empresas encuestadoras califica como los que no saben o no opinan. El voto obligatorio –que ha sido eliminado en la mayoría de las democracias del mundo y que era característico de las dictaduras- conviene sólo a quienes se benefician del voto ignorante, del voto manipulado, o comprado mediante regalos. Es lo contrario del voto informado y conciente que necesitamos. La salud de nuestra frágil democracia exige que sea eliminado.
Otro factor poco propicio ha sido la lamentable farandulización de la campaña electoral. Esta es una de las herencias nocivas del decenio fujimorista, que envilece el proceso electoral al sustituir el debate serio de las propuestas programáticas por el baile y el circo.
Creo oportuno recordar que todas las personas actúan de una manera psicológicamente coherente, pese a sí mismas. Es de temer que la futura alcaldesa manifieste en su gestión el comportamiento exhibido durante el debate televisado con la candidata del PPC de eludir los cuestionamientos y de refugiarse en generalidades. Es peligroso dárselas de profeta pero mi pronóstico no es muy optimista. No me sorprendería que dentro de un año la población de Lima tenga serias dudas acerca del acierto de su elección cuando empiecen a presentarse problemas en diversos sectores de la administración municipal, que hasta ahora ha sido eficiente. No descartaría tampoco que algunos de los valiosos elementos que han acompañado a la candidata de FS durante la campaña se retiren desilusionados.
Por último, una noticia que pocos han destacado señala que sólo cuatro de los veinticinco candidatos a las presidencias regionales han presentado información acerca de cómo financiaron sus campañas. Dos son las principales fuentes no declaradas que pueden haberse usado: una es el empleo indebido de fondos del presupuesto regional, práctica que parece ser muy extendida, también en los municipios. Pero la fuente más preocupante es el dinero proveniente del narcotráfico. Dado el grave peligro que éste representa creo que sería necesario que la legislación contemple eliminar a los candidatos que no revelen sus fuentes de financiamiento de una manera clara y transparente.
