Todo el mundo se acuerda del escándalo de la compra de patrulleros al inicio de este régimen. Después de causar la renuncia de dos ministros del Interior, por fin se logró comprar los más de 200 patrulleros que se necesitaban gracias a la intervención del PNUD. La misión de esos patrulleros es circular constantemente por las calles de Lima para prevenir la creciente delincuencia. Ahora resulta que la mayoría de esos patrulleros están parados ¡para ahorrar gasolina! a pesar que cada uno de ellos recibe una dotación suficiente de galones para hacer un recorrido de 120 km al día . ¿Para qué ahorran gasolina? Esto es lo extraordinario: ¡Para que un general de la policía –nada menos que el Inspector General- y otros confabulados puedan vender la gasolina ahorrada a un grupo de grifos cómplices!
He aquí un caso grave de incumplimiento del deber y de corrupción. La misión de la policía es, entre otras cosas, proteger al ciudadano. Pero algunos de sus principales jefes conspiran contra esa misión para enriquecerse. ¡A la policía se loe respeta!, decía el eslogan. Pero ¿cómo respetarla? Es una lástima por la mancha que cae sobre los buenos policías.
¿Será juzgado y castigado el general ladrón? ¿Serán acusados y juzgados los propietarios de los grifos cómplices aunque tengan carnet del partido en el gobierno? La impunidad alienta el delito. Por cada delincuente –con o sin corbata- que no es castigado surgen tres que quieren sacar provecho de la lenidad de nuestra justicia.
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